DECLARACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19 EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LATINOAMÉRICA

No dejar a nadie atrás es el compromiso transformador de los Estados miembros de las Naciones Unidas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con la crisis de salud pública mundial, devenida en una crisis social y económica, se pone en juego esa promesa, donde las personas en situación de vulnerabilidad corren mayores riesgos.

Vemos que las personas con discapacidad se enfrentan a una desigualdad estructural signada por estigmatización, falta de acceso a bienes, servicios y apoyos, pobreza, invisibilidad e institucionalización. Las barreras sociales y económicas están íntimamente ligadas a la región latinoamericana, y ahora a estos obstáculos se les incorporan los nuevos desafíos que se derivan de la pandemia.

Es obligación de los Estados garantizar los derechos humanos de su población, pero es necesario hacer un esfuerzo marcado para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Las organizaciones de la sociedad civil formamos un pilar importante para hacer cumplir estas garantías; es nuestro deber señalar cuando el Estado les falla a las personas con discapacidad y a sus familiares, cuando no proporcionan información, orientación o los apoyos necesarios que permitan acompañarlas adecuadamente.

En los casos de internación hospitalaria las personas con discapacidad parten desde un punto de vulnerabilidad superior que cualquier otro grupo, deben soslayar además los problemas de comunicación y discriminación. Debido al estado de emergencia sanitaria se les imponen más restricciones para disponer de apoyos en los recintos de salud y a una atención igualitaria e inclusiva con las medidas de accesibilidad y los ajustes razonables que les corresponden por derecho natural. En ese sentido, hacemos un llamado al respeto de la dignidad humana desde el momento de la consulta médica, la atención, la internación y hasta en la defunción.

Es imperioso que los Estados establezcan protocolos y lineamientos donde las decisiones médicas se basen en el estado clínico particular de las personas y de sus necesidades, y no en función de la edad, el género, la religión, la etnia o la discapacidad, cualquiera de ellas se configuraría como discriminación en el acceso a la salud.

Según un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se destaca que los latinoamericanos no estamos solo preocupados por el contagio del coronavirus, sino también por los ingresos, la salud en general, la violencia, la falta de alimentos, la discriminación y el hacinamiento. Debemos dirigir nuestras miradas hacia un futuro donde se tengan en cuenta estas aristas y donde la inclusión sea el pilar central para que ningún grupo quede rezagado.

            Resaltamos la necesidad de dar prioridad a las personas con discapacidad en la respuesta socioeconómica y hacer un seguimiento para su inclusión y empoderamiento en los planes de respuesta y recuperación, haciendo hincapié en la inserción laboral de ellos y sus familiares. Por ello, exhortamos a nuestros gobiernos a consultar y tomar en cuenta la opinión de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en todas las etapas de la toma de decisiones.  

La salud democrática y republicana de una nación puede medirse por la atención que presta a los sectores más vulnerables de la sociedad, como es el sector de las personas con discapacidad, a través de la plena inclusión y el absoluto respeto por sus derechos. Por la situación sanitaria en la que se encuentra el mundo es obligatoria la participación y el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Garantizar la integridad y el bienestar de las personas con discapacidad debe ser nuestro norte.

Así, instamos a los gobiernos latinoamericanos a intercambiar sus experiencias en discapacidad a través de mesas de trabajo entre los Estados y en conjunto con la sociedad civil, entendiendo que la desigualdad va más allá de las fronteras. El mayor objetivo en conjunto entre los pueblos en este contexto sanitario debería ser un protocolo internacional para el acceso a servicios de salud de las personas con discapacidad. Además, debemos impulsar el reconocimiento internacional de las credenciales de discapacidad emitidas por los Estados y en una mirada a futuro pensar en una credencial única latinoamericana. El avance no debe limitarse a unas pocas naciones, sino que debe pensarse de manera regional para poder hacer valer estos derechos.

Suscriben:

Comité organizador de ALaFe:

ArgentinaDr. Horacio Joffre Galibert, Presidente. Jorge del Hoyo, comisión directiva. Patricia Britos, comisión directiva. Arantxa Padrón, coordinadora general.
Costa RicaSocorro Vargas, miembro fundador.
EcuadorMaría Lorena Espinoza, miembro.
GuatemalaKareen Gudiel, Vicepresidenta.

Participantes:

ChileMaría Paz Villaseñor M. Sc. Daniel Eduardo Cid Cofré
Costa RicaLic. Lizbeth Barrantes Arroyo
EcuadorDr. Mario Velásquez M. Sc. Darwin Seraquive Lic. David Vásquez Rafaella Mendoza
HondurasAna Gabriela Euceda Lic. Moisés Izaguirre
ParaguayLic. Lidia Schaerer Lic. Edgar Gómez Leiva MBA. Rodrigo Rojas
UruguayDr. Marcelo Talice Dra. Luz Calvo

Como participantes y expositores del Encuentro Virtual sobre Aspectos Legales y Sociales para la Certificación de la Discapacidad en América Latina, celebrado el 12 de noviembre de 2020 y organizado por ALaFe –Autismo Latinoamérica Federación-.

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